Colombia en Barcelona: Las mujeres demandan una Comisión Ética Internacional y presión exterior para el Acuerdo Humanitario

Por Lídia Vilalta

* Colombia ya está sufriendo, después de Sudán, la crisis humanitaria más grande del mundo.
* Desde hace 20 años no existe Informe Internacional que no inculpe a Colombia como violadora de los Derechos Humanos.
* No hablamos de 'Izquierdos Humanos' sino de Derechos Humanos.
* El narcotráfico es el motor que atraviesa nuestra realidad y financia a TODOS los actores armados.
* El presidente Uribe es como un dios y la santísima trinidad: controla los tres poderes del Estado.
* El paramilitarismo ha transversalizado el Estado y tiene un proyecto nacional vía Congreso.
* Los paramilitares tienen 1/3 del poder político y bloquean cualquier negociación de paz.
* Muchos consulados ya están en manos de los paramilitares (casos concretos en Suiza y Alicante-España)
* Sólo el secuestro ha creado consenso porque la persona ya es como una mercancía.
* Queremos al secuestro fuera del conflicto armado
* Todos los medios de comunicación juegan un papel perverso sobre lo que nos pasa en Colombia.
* El diario El Espectador, El Tiempo y Caracol, recuerdan a Ruanda y la campaña contra los tutsis.
* Somos las mujeres las que levantamos la vida cuando los hombres arrasan los pueblos.
* Solo las víctimas tienen la verdad verdadera.
* Para que haya Justicia tiene que haber Verdad y para que haya Reparación tiene que haber Verdad y Justicia.


Colombia ha entrado furiosamente a la palestra informativa este mes de abril por la inculpación de Mario Uribe Escobar, primo del presidente, por su vinculación con los paramilitares. Es lo que allá se conoce como 'parapolítica', por los nexos que existen entre legisladores y políticos con las autodenominadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), los grupos armados paramilitares y narcotraficantes que sembraron de terror al país en la década anterior y siguen actuando, según muchas fuentes, pese a su desmovilización.
La 'parapolítica' ya ha salpicado de momento, a más de 60 congresistas, la mitad de los cuales están en prisión. Incluso, puede provocar un anticipo de las elecciones, por la desligitimación del segundo pilar de cualquier Estado de derecho :el poder legislativo.
Esta evidencia, que está estallando ahora, pública y abiertamente, hace ratos que ya es una realidad, tristemente conocida y a menudo silenciada, que se cobra muchas víctimas, según nos explicaban las participantes del encuentro Dones i Conflicte a Colòmbia (Mujeres y Conflicto), celebrado en Barcelona del 17 al 19 de abril de 2008.

El encuentro es la sexta convocatoria de la Taula Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colòmbia (Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos), que reúne anualmente a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil colombiana y responsables del gobierno de Álvaro Uribe con diferentes instituciones públicas, sociales y académicas de Catalunya.
Esta 'tabla' -como decían algunas participantes- se constituyó en Barcelona a finales de 2002, precisamente para dar cabida a todas las iniciativas civiles y abrir espacios de discusión y diálogo entre todos los actores del drama colombiano. Un conflicto, que está casi enquistado en la estructura sociopolítica y mental de Colombia y cuya sociedad civil es su principal víctima. Y según la mayoría de las estadísticas, ya dibuja un panorama desolador en materia de Derechos Humanos (DDHH) por el uso sistemático de la violencia en todas sus feroces expresiones.

Según datos confirmados por juristas, procuradoras y diferentes abogadas y participantes de la Taula ya son más de 4 millones las personas desplazadas internas (según la Consultoría de DDHH y Desplazamiento-CODHES y otras fuentes). El gobierno sólo reconoce 2 millones -porque no todas se registran- 1 millón de las cuales son mujeres. Se da una media anual de 140 asesinatos de sindicalistas hombres y mujeres (un total de 2.245 de 1991 a 2006, según la Escuela Nacional Sindical de Medellín) y más de 7.000 desapariciones forzadas en los últimos 20 años, con datos la propia Taula. La Comisión Colombiana de Juristas ha cifrado en 3.040 los muertos o desaparecidos 'por fuera de combate por paramilitares' desde el inicio de su desmovilización el 1 de diciembre de 2002, hasta el 30 de abril de 2007 (http://www.coljuristas.org/). (El presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, François Houtart, cifra en 30.000 los desaparecidos en los últimos 30 años).
La mujeres, la mitad de la población colombiana, que supera los 42 millones, son las víctimas más afectadas de este conflicto armado interno que, por otro lado, no es reconocido como tal por el gobierno. Según afrimaban algunas ponentes, el presidente Uribe puede considerar incluso 'terrorista' a cualquier persona que opine lo contrario.

Empujar a los guerreros para que entren las constructoras de la Paz

Esta negación de la realidad se puso de manifiesto desde el inicio del encuentro. En la Inauguración, realizada en el Ayuntamiento de Barcelona, ya hubo interrupciones y gritos de protesta contra la cónsul de la ciudad, Inés Díaz. Y en los debates posteriores, la Consejera presidencial de Equidad para la mujer, Martha Lucía Vázques, fue considerada mentirosa e interrumpida a menudo en su presentación. Como manifestaba alguna de las asistentes desde el público -formado por mujeres y hombres exiliados, o migrantes políticos, sindicales o económicos y también representantes venidas de Colombia- los debates reflejaron la auténtica realidad colombiana, en la que todavía no existe una actitud dialogante entre los diferentes actores.

Vicenç Fisas, director de la 'Escola de la Pau de la Universitat Autònoma (UAB) -una de las entidades observadoras de la Taula junto con Amnistía Internacional de Catalunya- resaltó precisamente esa 'enorme dificultad para encontrar espacios en que se vaya de buena fe y no te saquen el puñal en Colombia'. Destacó la importancia de que ya afloren oleadas de indignación en las calles porque la sociedad civil, afirmó, ya no aguanta más. Fisas lamentó, sin embargo, que las mujeres no estén presentes en la negociación (4% frente a un 96% de hombres) -como así lo insta la Resolución 1325/2000 de la ONU- porque ellas ya están presentes en todo el resto del proceso: los diferentes movimientos por la Paz y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
No es preciso, agregó, que las mujeres estén necesariamente en la mesa, pero sí deben tener expresión y presencia en las Agendas, porque hay que 'empujar a los guerreros para que entren las constructoras de la Paz'.
Es en este sentido que se buscan escenarios como el de Barcelona, desde donde las mujeres colombianas solicitaron la creación de una Comisión Ética Internacional para que se pueda visibilizar la situación real de su país, que lleva ya demasiado tiempo con las armas en la mano, en el corazón y en el espíritu. Y sobretodo, para que tengan voz las opiniones silenciadas allá, demasiado a menudo, violentamente.

Colombia, una prioridad de la Cooperación catalana

'Colombia es una prioridad del gobierno y tiene el acuerdo de todo el arco parlamentario catalán', que aprobó el Plan Director de Cooperación al Desarrollo (2007-2010), afirmó David Minoves, director general de Cooperación y Ayuda Humanitaria de la Generalitat de Catalunya. Él sí se refirió en concreto a la Resolución 1325/2000 (participación de las mujeres en todas las fases de la negociación de los conflictos) para exigir su inclusión, porque 'las mujeres son las víctimas que mas violencia sufren pero, al propio tiempo, son las garantes de la supervivencia de las comunidades y las que fomentan la estabilidad'.
Minoves lamentó que a la Ley de desmobilización de los paramilitares de las AUC le falte Verdad, Justicia y Reparación y manifestó que la 'parapolítica es la esclerosis que afecta al país'. Acabó, no obstante, con unas palabras de esperanza, al afirmar también que ya se realizan mobilizaciones multitudinarias en Colombia exigiendo el Acuerdo Humanitario, para el que muchas participantes de distintas mesas reclamaron un rotundo apoyo internacional.

La mayoría de las intervenciones de los tres días en Barcelona denunciaban las nuevas formas de violencia, vinculadas a la disputa territorial por los recursos del país, como un método sistemático para usupar las tierras a la población campesina, negra e indígena. La estrategia del terror, vía masacres, asesinatos extrajudiciales o amenazas a dirigentes y líderes comunales, obliga a las poblaciones de algunos departamentos a huir de determinadas zonas, según confirmaba Leonora Castaño, diregente exiliada de la ANMUCIC (Asociación de Mujeres campesinas, indígenas y negras).
Algunas zonas ya estaban económicamente 'cooptadas' por el paramilitarismo pero ahora, tras las ultimas elecciones municipales, ya las controlan incluso políticamente, con alcaldes y gobernadores. Hay una clara 'estrategia de desalojo y desocupación del territorio por la fuerza', para que la tomen determinados empresarios locales vinculados a la 'parapolítica', o se beneficien algunos megaproyectos de empresas multinacionales, interesadas en los ingentes recursos naturales colombianos. La investigadora Claudia López, mostró en su presentación algunos mapas de poblaciones y áreas donde coincidía un incremento de la violencia con la victoria electoral paramilitar.

Hubo seis mesas de trabajo en temas diferentes que afectan a las mujeres en el conflicto. En la primera de ellas estuvo Piedad Córdoba, la senadora que medió, junto con el presidente de Venezuela, para la frustrada liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Y fue tan multitudinaria la asistencia, que se debió trasladar el debate a la sala del Consejo de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona. Córdoba modificó su presentación para contestar, según explicó, alguna de las inquietudes solicitadas por la ciudadanía colombiana presente.

La violencia contra la mujer, en el centro del conflicto

En torno al 80% de las personas asesinadas son hombres y, precisamente por ello, las mujeres ( 75% o 65% según diversas fuentes) son la mayoría de las desplazadas forzadas de esta guerra que se pretende silenciar. Estas mujeres deben asumir, automáticamente, la responsabilidad de la jefatura de la familia sin ningún tipo de apoyo económico o laboral. La mayoría son campesinas iletradas que 'reclaman para los demás, pero no para ellas mismas' y, por tanto, no denuncian las violencias a las que han sido sometidas; por verguenza, por ignorancia o para evitar represalias, según indicaba Patricia Linares abogada de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Respecto al 20% de mujeres asesinadas, lo son por su liderazgo político, social y sindical o por su papel dirigente en las comunidades rurales. La Procuradora nos mostró unos minutos de un vídeo de testimonio de mujeres, de un grupo de 10 programas ya grabados. Serán un total de 40 vídeos que, con el nombre 'Tiempo de Verdad', se están filmando en las zonas donde se han producido asesinatos o masacres recientes contra dirigentes sociales y sus familias.
Lo que más preocupa, sin embargo, a los organismos internacionales de DDHH, en concreto a la Relatora Especial de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y, por supuesto también al interior de Colombia, es la utilización de la violencia de género o la violencia sexual contra las mujeres, como arma de guerra. La Procuraduría (PGN) califica estas dos modalidades de crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra y considera violencia contra la mujer en el marco del conflicto todas las siguientes actuaciones: la discriminación por género, el control social sobre el comportamiento de las mujeres, la esclavitud sexual y doméstica, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar.
La PGN entiende que es violencia sexual: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el acoso sexual, la mutilación sexual, la anticoncepción forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, la desnudez forzada y el aborto forzado.

Federico Guzmán, magistrado auxiliar de la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que, en efecto, el gobierno colombiano no quiere reconocer el conflicto, pero que la Corte sí lo ha hecho y, por consiguiente, ya da todas las garantías del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a las víctimas. Y es más, nos dijo que desde 2006, la CC considera como ' sujetos de especial atención a las mujeres, los colectivos indígenas, las poblaciones afrocolombianas y a los menores'.
La Corte considera, asimismo, que 'las mujeres tienen un impacto diferencial y desproporcionado en el desplazamiento forzado'. Desproporcionado, porque el impacto es tan duro que impide la aplicación de los DDHH. Y para ellas el impacto es diferencial porque es invisible por su desconocimiento. Justamente Guzmán nos avisó, que está a punto de publicarse en este sentido un 'Auto' sobre la mujer desplazada en la web de la CC.
La Corte de Constitucionalidad también está muy preocupada por la violencia contra la mujer en el conflicto y ya ha enumerado 10 factores de riesgo de género, el primero de los cuales hace referencia a la violencia sexual en 3 distintas vertientes:
a) la violencia sexual o la explotación sexual en operaciones militares amplias, extensas, sistemáticas y habituales, cometida por todos y que son numéricamente altas. Es la tipología de la barbarie, afirmó Guzmán, utilizada en masacres y en tomas de territorios.
b) la violencia sexual individual por venganza (retaliación), por ser enemigas, y
c) la violencia sexual contra niñas reclutadas por guerrillas y paramilitares, la esclavitud sexual obligada por los comandantes, o la prostitución forzada. (http://www.constitucional.gov.co/corte/)