lunes, 22 de agosto de 2011

Argentina: Aborto, la ineludible deuda social

Por Norma LotoEspecial de SEMlac
Buenos Aires, agosto

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El acceso a la salud y a la justicia son derechos inalienables que ningún Estado debe omitir. Por eso, si pensamos en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como un aspecto vinculado a la salud y a la justicia social, puede considerársele una deuda ineludible que la democracia debe saldar.

Esa deuda está repleta de muertes y clandestinidad. Por si ello fuera poco, esa clandestinidad discrimina porque no afecta de la misma manera a las mujeres con recursos e información que las de escasas posibilidades.


Traducido todo esto en números, en Argentina hay 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa un aborto por minuto, según datos oficiales.


 

Se estima que en el negocio de los abortos clandestinos se mueven al año alrededor de 1.200 millones de pesos (273.000 dólares aproximadamente), mientras una mujer muere cada dos días por complicaciones derivadas de esa intervención y 80.000 ingresan a hospitales públicos por igual causa.


Para la legislación argentina, un aborto no es punible cuando el embarazo entrañe un riesgo para su salud física o psíquica, o sea resultado de una violación.


Pese a que así lo refleja la ley, a veces -casi siempre- queda sólo en letra muerta, pues quienes están en alguna de estas condiciones deben enfrentarse a absurdos e interesados procesos de judicialización impuestos por un sistema en el que más pesan los dogmas personales que los derechos de las mujeres.


Según un informe de 2010 de la organización internacional Human Right Watch, denominado "¿Derecho o Ficción? Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva"1 , "con frecuencia, las mujeres desconocen las circunstancias en las cuales podrían someterse legalmente a un aborto".


Añade que las pocas personas que sí lo solicitan deben soportar los "procedimientos complejos y la hostilidad de los proveedores en el sistema de salud y judicial. Si bien muchas mujeres embarazadas, en situación de crisis, acuden directamente a proveedores de servicios clandestinos, algunas recurren a los tribunales para exigir su derecho a la atención médica, con distinto grado de éxito".


"El resultado concreto de esto -sostiene el informe de HRW- es más sufrimiento y, en ocasiones, muertes que podrían haberse evitado".


En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, tras recibir información de 12 países de la región, manifestó su preocupación ante las dificultades en el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, en particular al aborto terapéutico.


En este sentido, Natalia Gherardi2, abogada y Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), dijo a SEMlac que este gesto de la CIDH es sumamente importante ya que reitera el interés de la comunidad internacional sobre la salud reproductiva de las mujeres, señalando que debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección.


Gherardi recalca a SEMlac que con este gesto la CIDH les recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente "como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres, cuya finalidad es salvar la vida de la mujer cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo".


"Claramente -continuó la Directora Ejecutiva de ELA- el Estado argentino tiene una deuda con la salud y la vida de las mujeres. La visibilización de este problema en los foros internacionales refuerzan las campañas que se llevan adelante en la Argentina, en las que asegurar el acceso al aborto terapéutico es sólo uno de los temas de preocupación de la agenda del movimiento de mujeres"


En el plano político-social


En Argentina se desarrolla desde 2005 la Campaña por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito3con el lema: "Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir". Se trata de una acción que logró instalar, en el discurso social, la necesidad de hablar de la legalización de esta práctica.


"Este es un momento muy interesante para la Campaña, porque nos acompañan voces de sectores que no se involucraban en la temática. Por ejemplo, el académico, a través de sus consejos superiores de las universidades nacionales"; dice a SEMlac Estela Díaz4, secretaria de género de la Central de Trabajadores de la Argentina. Además, hay una acumulación política a lo largo de los años de la Campaña, que tiene que ver con la presentación del proyecto que hicimos en 2007 como iniciativa de la sociedad civil.


Luego, en 2008, se presentó con la firma de 22 diputadas y diputados, mientras que en 2010 hemos conseguido 50 firmas de diputadas y diputados de un amplio espectro político", añade Díaz.


Las voces que piden saldar esta deuda social no salieron solo de la sociedad civil y política, pues un amplio sector de la sociedad cree en la legalización del aborto.


Durante 2010, una encuesta de la consultora privada Ibarómetro aseguraba que casi 60 por ciento de los argentinos no está de acuerdo con que se penalice a una mujer que se realizó un aborto, mientras que 58,5 por ciento de las personas consultadas cree que ellas tienen derecho a interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales, y solo 30 por ciento no lo cree así.


Por su parte, la consultora Ipsos Mora y Araujo difundió, también en 2010, que para 44 por ciento el aborto debería ser legalizado. El 25 por ciento se inclinó por la penalización en todos los casos y 24 por ciento expresó que sólo debe habilitarse en ocasiones excepcionales5.


Si bien lo que relata


Díaz es un avance a nivel de aceptación social y compromiso político, no se puede obviar la posición contraria de la presidenta argentina, Cristina Fernández.


Desde su análisis, Díaz no omite que la Presidenta tuvo expresiones contrarias a la legalización del aborto, pero -según su percepción- en caso de aprobarse el proyecto, la jefa de gobierno no lo vetará. Además, en términos generales, el gobierno nacional no puso obstáculos, en el sentido de interponer cuestiones desfavorables.


Asimismo, otros espacios del poder ejecutivo han sido aliados, como la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que puso en su agenda de prioridades el derecho al aborto.



¿Qué dice el proyecto de la Campaña?


El proyecto de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito dice, en sus fundamentos, que "la despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente.


Sólo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer", apunta. "La legalización del aborto significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres", continúa la fundamentación.


En su articulado, el proyecto dice que "toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional". Además, garantiza que el aborto "se podrá realizar en todos los servicios del sistema de salud".


Luego aclara que fuera del plazo de las 12 semanas, indicadas en el primer artículo, las mujeres tendrán derecho a decidir la interrupción de su embarazo cuando este fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial, o formulada en un servicio de salud, estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.


También se refiere a la objeción de conciencia en los profesionales y personal de la salud y estipula que deberán manifestar su postura a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de 30 días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente, podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio.



La discusión en un año electoral


En noviembre de 2010, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició, de manera simbólica, la discusión en torno a los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, no se puede pasar por alto que 2011 es un año electoral, cuando se elegirá quien presidirá el país por los próximos
cuatro años, y además se renuevan gobernadores de algunas provincias y un porcentaje del poder legislativo.

Por este motivo, Díaz estima que, si bien este año "se podría avanzar mucho, no estoy segura si llegaremos al debate en el recinto. Sí creo que podemos seguir avanzando en el debate en las comisiones; además, hay un compromiso por parte de Carlos Vega, presidente de la Comisión Penal, para llamar a una audiencia pública con el propósito de tratar los proyectos".

En este año electoral, "debe entenderse que el aborto no es un tema 'piantavotos' (que asusta a los votantes) porque la sociedad lo ve bien y es parte de lo cotidiano. Además, es una enorme injusticia social que afecta a las mujeres pobres, pues el resto sufrimos la clandestinidad porque, al tener recursos económicos e información, el aborto deja de ser un problema; salvo para las mujeres pobres", subraya Díaz.


Referente a los argumentos contrarios provenientes de los sectores conservadores-católicos, Díaz considera que estos "no tienen la misma capacidad de movilización e influencia, como se demostró, por ejemplo, en 1987, cuando se trató la ley de divorcio".


"Me parece que las posiciones tan dogmáticas y cerradas han perdido peso, más en un país donde hay una reivindicación de los derechos humanos y donde se sabe que hubo mucha complicidad durante la última dictadura militar por parte de la iglesia y que aún no ha pedido perdón públicamente".


Estado de la salud en Argentina


De acuerdo con datos publicados por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (abril 2010), en Argentina, durante 2008, murieron 40 mujeres cada 100.000 nacidos vivos (NV) por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.


Las estadísticas oficiales indican que en 2008 ocurrieron 112.034 nacidos vivos de madres menores de 20 años, lo cual corresponde a 15 por ciento del total de nacimientos (746.460). Esta cifra implica un aumento en relación al 2001, cuando se registraron 100.082. Mientras que los nacimientos de madres menores de 15 años evidencian también una tendencia al aumento ya que en el 2005 se produjeron 2.699 nacimientos de madres menores de 15; en el 2008, hubo 2.937 nacidos de menores de 15.


La fecundidad adolescente alcanza 64 por 1.000, presentándose las tasas más bajas en la ciudad de Buenos Aires (34 por 1.000) mientras que en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Santa Cruz y Santiago del Estero las tasas superan al 80 por 1000.


"Esta tasa (fertilidad de las adolescentes de 15 a 19 años) ha evolucionado notablemente. En 1980 era de 78,3 por 1.000, luego hasta el 2004 fue descendiendo -en el 2003 era de 56,4-, pero desde entonces se registra un aumento: 62,8 en el 2004, 63,7 en el 2005 y los últimos datos disponibles indican que el nivel actual de la fecundidad adolescente en la Argentina llega al 64 por 1.000", afirma el informe sombra CEDAW, Derechos Humanos de las mujeres: Asignatura pendiente del Estado argentino6.


El Boletín Sobre VIH/sida en la Argentina, publicado en 2010, señala que hay alrededor de 130.000 mil personas infectadas por VIH. De ellas, la mitad desconoce su condición y 43.000 permanecen bajo tratamiento.
La razón hombre/mujer en infecciones por VIH es estable desde mediados de la actual década y se ubicó en 1,7 varones por cada mujer diagnosticada en el período 2007-2009.


Durante los últimos 10 años, hay un aumento en la edad media de las personas diagnosticadas, de 35 y 31 años para varones y mujeres, respectivamente.


En los últimos tres años, una de cada cinco personas diagnosticadas con VIH tenía 45 años o más. Las relaciones sexuales desprotegidas siguen siendo la principal vía de transmisión del virus.


Entre 2007 y 2009, el 88 por ciento de los varones y el 84 por ciento de las mujeres diagnosticadas se habían infectado de ese modo. El mencionado informe alternativo subraya: "Es especialmente preocupante la falta de prevención o protección adecuada de las mujeres adolescentes y jóvenes (15 a 24 años) para no infectarse con el VIH, motivo de la falta de educación sexual a las escuelas, la ausencia de campañas dirigidas a esta población y la resistencia de los servicios de salud sexual y reproductiva a atender a las mujeres adolescentes y jóvenes sin la compañía de un/a adulto/a y a proveerles preservativos".


Si bien por ley se establece la cobertura para las personas con sida, en muchos casos se observa que a las mujeres las rechazan en los servicios de salud sexual y reproductiva, si declaran que tienen VIH. "Esto exige que se capacite a los profesionales acerca del derecho de estas mujeres tanto a tener como a no tener hijos, según su deseo", dice a SEMlac la epidemióloga Mabel Bianco7, presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer.


El cáncer de cuello de útero es el segundo más diagnosticado en las mujeres argentinas: se estima que cada año hay 3.000 nuevos casos y se producen aproximadamente 2.000 muertes a causa de esta enfermedad. La realización del Papanicolaou, que sirve para detectar lesiones o células anormales, es gratuita y se puede llevar a cabo en todos los hospitales y centros de salud. Este estudio permite reducir hasta en 80 por ciento la incidencia y mortalidad.


El 35 por ciento de las mujeres argentinas no cumple con el control necesario para la detección del cáncer de mama. Se diagnostican entre 15.000 y 18.000 nuevos casos por año.


Respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), según un registro del Programa de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual, durante 2008 el 90 por ciento de las infecciones de transmisión sexual reportadas al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se trató de sífilis.


Durante 2008, registraron en la provincia 1.576 casos de esta patología, de los cuales 1.026 eran mujeres, 545 hombres y 5 sin determinar. Respecto al grupo etario, la mayor cantidad de casos observados se encuentran en la franja que va de los 20 a los 29 años.



Acceso a la salud

En Argentina, hay tres tipos de cobertura: del sector público, los innumerables fondos de seguridad social por obras sociales, y las prepagas (empresas de medicina privada).


El subsistema de salud público (depende de la administración pública nacional, provincial o municipal) está integrado por una red de centros de salud y hospitales destinados a brindar cobertura universal de salud para todas las personas que lo requieran.


En tanto que el régimen de seguridad social comprende las obras sociales de los trabajadores y trabajadoras registradas y el sistema de salud privada -que es muy costoso- se brinda a través de sanatorios y centros de diagnóstico privados.


De acuerdo con el informe realizado por ELA, denominado "Las deudas del bicentenario. Una agenda de trabajo por los derechos de las mujeres en Argentina: Informe Sombra y Observaciones del Comité de la CEDAW al Estado Argentino"8, "estos tres sistemas coexisten sin mayor coordinación, bajo la dirección general del Ministerio de Salud de la Nación. Las referencias a la cobertura de salud, son en realidad referencias a la cobertura de salud paga, fundamentalmente a través del sistema de seguridad social de las obras sociales.


En ese sentido, se registran importantes diferencias en el acceso a la cobertura de la salud entre varones y mujeres y, en particular, en el acceso a servicios en áreas urbanas y rurales. En los estados provinciales con menor desarrollo de infraestructura las dificultades de acceso a los servicios de salud se acentúan por la falta o mala condición de los caminos y otras obras de infraestructura, que determina muchas veces que para los habitantes de las áreas rurales sea mas sencillo trasladarse a otras provincias que a los centros de salud ubicados en la ciudad capital de la provincia".


En tanto que las disparidades entre varones y mujeres en este terreno, se observan dos factores: menor cobertura y mayor proporción de asalariadas sin descuento de obra social en la ocupación. "Esto es consecuencia de posibilidades diferenciales de acceso a puestos de trabajo del sector privado formal, ya que las mujeres que logran insertarse en el mercado de empleo lo hacen en ocupaciones de menor calidad, informales, no registradas, y por lo tanto sin cobertura de salud", observa el informe de ELA.

1 Marianne Mollmann: "¿Derecho o Ficción? La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva", Human Right Watch, agosto de 2010, p.23.
2 Natalia Gherardi es abogada y docente universitaria. Magíster en Derecho, London School of Economics and Political Science, Gran Bretaña. Dicta clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Maestría en Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús.
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La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue decidida por más de 20.000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Mendoza, en 2004, y fue lanzada el 28 de mayo de 2005 . Cuenta con alrededor de 300 organizaciones de un amplio espectro político y social en todo el país y además ha recibido el apoyo de cientos de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, la academia, las letras, el ámbito científico y los derechos humanos.
El 25 de noviembre de 2005, integrantes de la Campaña fueron acompañadas por una movilización callejera de 15.000 personas presentaron en el Congreso de la Nación 100.000 firmas que reclamaron el Derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito. El 8 de abril de 2011, la Campaña emitió una solicitud rubricada por 400 personalidades y organizaciones del ámbito de la política, la cultura, el sindicalismo, la academia, el movimiento de mujeres y la sociedad civil.
Entre ellas, referentes en la lucha por los derechos humanos como Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas y Estela de Carlotto, y representantes de la cultura como Alejandro Dolina, Diego Capusotto, Florencia Peña, Soledad Silveyra, Ronnie
Arias, Federica Pais, Antonio Grimau, Mex Urtizberea, Carla Czudnowsky, Gustavo Garzón, Carla Conte, Jean Pierre Noher, Inés Estévez, Marta Bianchi, Albertina Carri, Cristina Banegas, Liliana Herrero, y Beatriz Sarlo.
La solicitud lleva la firma de organizaciones y organismos, incluidos el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Central de Trabajadores de la Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, universidades de distintos puntos del país, sindicatos, ONGs, y el movimiento de mujeres. Claudio Morgado y María Rachid, presidente y vicepresidenta del INADI, el juez Carlos Rozanski e integrantes de la Legislatura porteña: Diana Maffía, María Elena Naddeo, María José Lubertino, Aníbal Ibarra entre muchas otras personas.
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Estela Díaz es feminista, especialista en temas de género y coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina - CEMyT - CTA. Responsable de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina e integrante de Aborto, la ineludible deuda social la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Integrante del Consejo Directivo del Fondo de Mujeres del Sur e integrante de la Red de Políticas Públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la provincia de Buenos Aires. Columnista en temas de género en AM Cooperativa programa 7.0, conductora del Programa radial "Esas Mujeres" de radio universidad de la Plata (www.esasmujeres1390.blogspot.com).
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El relevamiento fue publicado en julio de 2010 y fue realizado entre 1.200 personas de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Neuquén. La encuesta compara datos obtenidos en 1994, 2004 y 2010. En 1994, 26 por ciento apoyaba la iniciativa de legalización, una década después esa percepción subió a 32 por ciento y en 2010 ascendió a 44 por ciento. Según la encuesta, desde 1994 hasta 2010, se modificó también el otro extremo, ya que en 1994 el 13 por ciento opinaba que el aborto debería ser penalizado en todos los casos; en 2004, subió a 15 por ciento y, en 2010, esta postura subió a 25 por ciento. Merece destacarse que la mayor aceptación del aborto, según la encuesta, aparece en el segmento de jóvenes entre 18 y 29 años (46%). La zona del país con mayor adhesión a la despenalización del aborto es el área metropolitana de Buenos Aires (49%), en cambio en el interior del país el 42% no acepta el aborto.
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Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Marco De La Presentación del Sexto Informe Periódico de los Estados Parte Ante el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -Cedaw- 46º Período de Sesiones Argentina 2010, realizado por: Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis -Presidenta; C.D.E.M, María Luisa Storani -Presidenta; Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Mariana Romero -Investigadora Asociada; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier -Director Ejecutivo- y Andrea Pochak - Directora Adjunta; Comité contra la Tortura - Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañon -Presidente de la Comisión- y Roberto Cipriano García -Coordinador del Comité; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) (Sección Argentina), Adriana Guerrero -Coordinadora Nacional; Feministas en Acción, Susana Pastor -Presidenta: Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco -Presidenta; INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo), Susana Chiarotti -Directora; Mujeres Trabajando, Susana Stilman -Presidenta.
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Mabel Bianco es médica, magíster en Salud Pública y especialista en Epidemiología. Fundadora y presidenta de FEIM, ONG con estatus consultivo en Naciones Unidas. Es consultora de distintas organizaciones nacionales e internacionales y de agencias del sistema de Naciones Unidas. Además, es autora de más de 100 artículos publicados en revistas científicas y medios de comunicación, cinco libros y participó con capítulos en otras siete publicaciones. En 2011 fue seleccionada por la asociación Women Deliver para integrar la lista de las 100 personas comprometidas por las mujeres y las niñas del mundo y la revista Newsweek internacional la incluyó en otra lista que agrupó a las 150 mujeres que mueven el mundo.
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"Las deudas del bicentenario. Una agenda de trabajo por los derechos de las mujeres en Argentina: Informe Sombra y Observaciones del Comité de la CEDAW al Estado Argentino", 1a ed., Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, 2011.

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