Por Sara Lovera
para Palabra de Antígona
12 de noviembre de 2009
La doctora Norma Blázquez Graf en su texto /El Retorno de las Brujas,/
documenta con los datos mas confiables de la literatura difundida en los
últimos 50 años, que entre el siglo XIII y el XIV al menos 110 mil
mujeres fueron expulsadas, perseguidas y torturadas, 60 mil de ellas
ejecutadas, todas acusadas de “brujería”.
El libro, que explica la historia femenina de la creación de
conocimiento, sostiene que esa estrategia de exterminio tenía que ver
con que las víctimas habían transgredido el poder de la época, negarse
al control de su cuerpo y de su pensamiento, por haber actuado y crecido.
Acalladas por su capacidad y sus propuestas de transformar el mundo
mujeres, “brujas” o locas, pero finalmente presas de conciencia son
ejemplo de que no admitir el sometimiento en todos los planos nos hace
vulnerables. Un relato se diría del pasado remoto, instalado por la
horrenda historia inquisitoria y funesta.
Ello viene a cuenta en esta hora por el listado creciente de denuncias
cotidianas que circulan en las redes ciberespaciales y de comunicación
que llegan a mi computadora todos los días: persiguen y amenazan a
periodistas mujeres por los temas que tratan, otrora no considerados
peligrosos para el poder: la trata, el aborto, la corrupción de
funcionarios públicos, la denuncia de pederastia y violaciones, por
pronunciarse a favor de la libertad sexual de las mujeres.
Asuntos todos que me conectan con ese pasado y me remiten al famoso
texto /El Martillo de las Brujas /o la guía práctica de los verdugos que
debían identificar y someter a sus víctimas.
Pienso que es ahí donde se han inspirado los políticos, caciques,
emperadores modernos para mantener en la cárcel a Sara López Gómez por
oponerse en Campeche a las intolerables tarifas eléctricas; para
atemorizar la libre expresión de Gabriela Gallegos, directora de la
revista electrónica Contra Línea de Durango, cuya casa fue asaltada hace
unos días por oscurantistas que se llevaron sus materiales de trabajo y
sus archivos.
También me remito a la estudiante de la UNAM, Lucía Moret, amenazada por
el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Y recuerdo el largo peregrinaje
de la periodista Lydia Cacho y las amenazas y represiones contra
SanJuana Martínez por haber denunciado la pederastia.
Lo grave es que no se trata únicamente de la política conservadora del
desgobierno calderonista que ha encarcelado a más de 30 mujeres en
Guanajuato por haberse practicado un aborto.
Hoy, escenificamos una política global contra la acción y las palabras
de las mujeres defensoras de los derechos humanos y el ejercicio
periodístico, denuncias que se acumulan en las oficinas domésticas de
Derechos Humanos o internacionales, ante un silencio que va dañando cada
día nuestra humanidad.
Déjenme tomar las palabras de una periodista cono sureña que me escribió
desde Argentina:
“Me solidarizo con todas las colegas que vienen sufriendo agresiones de
toda índole, tan sólo por atrevernos a denunciar hechos irregulares y
corrupción que con desparpajo incurren los que tienen el poder... Soy
periodista y me declaro vehemente cuando se trata de "destapar" la
corrupción que está frente a mis narices; por ello he sido golpeada
físicamente y vivo bajo el acecho permanente de quienes desearían mi
desaparición.
“En enero del 2007 dos fornidos funcionarios del municipio de Chosica,
distrito al Este de Lima, Perú, trataron de silenciarme, golpeándome en
la cabeza y abdomen por que me había atrevido a denunciar la vida
licenciosa del alcalde Luis Bueno Quino, acusado penalmente de ser
pedófilo y de transmitir el VIH bajo chantaje sexual a sus trabajadores
de seguridad ciudadana.
“Hice la denuncia policial respectiva pero como era de esperarse al
final yo pasé de ser agredida a agresora, es decir, yo fui quien los
golpeó y maltraté. Mi programa de radio fue cancelado, ordenaron a nivel
judicial mi captura y se vino la avalancha de denuncias en mi contra.
Y reflexiona: “siguen muriendo más infectados de VIH, siguen aumentando
sus incondicionales proveedores de niños (trabajadores del municipio);
siguen desapareciendo "circunstancialmente" sus opositores como la
periodista Consuelo Ruiz, asesinada en el 2004”.
También ilustra lo que hace unos días sucedió a una funcionaria de la
municipalidad de Santa Rosa, en la Pampa, Argentina, Mónica Molina,
subdirectora de Políticas de Género. Denuncia que una llamada anónima,
con voz masculina advirtió a Molina: “le vamos a cortar el cogote y la
vamos a colgar en el mástil para que flamee junto con la bandera frente
al municipio...”
En posteriores declaraciones a los medios de prensa, Mónica denunció que
es muy probable que las amenazas tengan que ver con el allanamiento de
Le Coq Doré, un cabaret de Santa Rosa, clausurado por un procedimiento
conjunto entre el Municipio y Gendarmería Nacional, donde se encontró a
una menor a quien se explotaba sexualmente.
Mónica impulsó sanciones que eliminó las whiskerías, cabarets y night
clubs de las habilitaciones municipales y denunció una red de tratantes
de mujeres y niñas con objeto de explotación sexual, que terminó con más
de una docena de presuntos proxenetas procesados y el cierre de
numerosos prostíbulos encubiertos.
Agrego sólo unas líneas de la emblemática periodista nicaragüense Sofía
Montenegro, quien nos informa que la Comisión Permanente de Derechos
Humanos de aquel país denunció a Daniel Ortega de crear bandas para
agredir a dirigentes de la sociedad civil, donde, recuerda Sofía, “mi
nombre está en esa lista destinada a aterrorizar a un grupo de mujeres
que somos voceras de organizaciones ciudadanas, tales como Doña Vilma
Núñez de Escocia (un verdadero monumento nacional); Luisa Molina, de la
Coordinadora Civil; Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua;
Juanita Jiménez y Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres”.
Subraya el caso de Leonor Martínez, del Movimiento Juvenil, emboscada y
vapuleada casi enfrente de su casa en días recientes por denunciar el
asalto a la Constitución que prohíbe toda forma de interrupción del
embarazo, así como la insólita situación de la periodista independiente
María Mercedes Urbina sometida a abusos por el poder judicial, por
investigar irregularidades del gobierno local en la comunidad de Nagarote.
Una denuncia adicional que envió una prominente feminista argentina,
agrega otras fechorías de Ortega, como el caso de la nicaragüense
Patricia Orozco, feminista, histórica defensora de los derechos humanos,
periodista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, la cual fue
golpeada y detenida ilegalmente por agentes policiales de la delegación
departamental de León. Su trasgresión era haber realizado un taller de
derechos de las mujeres.
Sobre esta situación, que ya ha llevado a numerosas feministas a pedir
medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
se han manifestado organizaciones civiles de todo el mundo, así como
instancias internacionales de derechos humanos.
En Campeche, a Sara López González, junto a dos personas más le
construyeron una acusación de “’privación ilegal de la libertad” y
“secuestro” al ingeniero Leovigildo Domínguez López, cuando en realidad
dialogaron con él y exigieron a la Comisión Federal de Electricidad
suspender los cortes e interrupciones de suministro eléctrico que estaba
aplicando a decenas de casas de la comunidad de Candelaria, en
septiembre de 2008.
Hoy, Sara está en la cárcel de Kobén en Campeche, desde julio y Amnistía
Internacional podría declararla junto a sus compañeros presa de
conciencia al conocer que pertenece a una organización civil opositora
al desmesurado aumento de tarifas eléctricas.
El caso de la periodista Gabriela Gallegos, advertida y perseguida sin
causa visible, sólo por contar algunas realidades duranguenses, por
decir, algunas cosas del manejo financiero de gobiernos y empresas, está
ya en la mira.
El asalto es claramente una amenaza, porque no se llevaron sino los
instrumentos de trabajo, computadoras, grabadoras, máquinas que diseñan
su revista, archivos y su último pecado es haber aceptado ser la vice
presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras.
Lo cierto es que ha reaparecido en América Latina el Martillo de las
Brujas para hacernos entrar en razón. Las mujeres no podemos revelarnos
ni pensar o actuar contra la injusticia del uso y abuso de nuestros
cuerpos; menos atentar describiendo o actuando como funcionarias, sobre
lo que hacen los empoderados y caciques. Algo muy grave está conspirando
contra los derechos de las ciudadanas y de las periodistas que
decidieron dejar atrás su historia de dominación y su papel de
espectadoras en un mundo que se quiere sólo reafirmar como autoritario y
hostil a las otras y a los otros.
Noviembre se conoce como el mes de promoción de la tarea para eliminar
la violencia contra las mujeres. La última semana en Colombia, con el
amparo del gobierno y las instituciones de ese país, un nutrido grupo de
periodistas discutirá cómo hacer un periodismo no sexista.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género tiene la gran
oportunidad de abordar y resolver sobre la urgencia de promover en el
mundo la justicia para las mujeres, sin tanta parafernalia de la
tecnocracia de género. En el seno de un gobierno represor, que
convendría no avalar con el silencio y la autocomplacencia.
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