COLOMBIA en Barcelona: (y 3) La difícil visibilización de una Verdad incómoda para toda la sociedad

por Lídia Vilalta


Texto 3 de la serie Colombia en Barcelona:
(2) Seguimos trabajando. Si no nos dejan dentro, lo haremos fuera
(1) Las mujeres demandan una Comisión Ética Interncional y presión exterior para el Acuerdo Humanitario


Yo era una chica bien, 'de familia de clase media alta, apolítica y desinformada', que formaba parte de esa gran masa de ciudadanos que no tiene posición política en la polarización que se vive en Colombia. Como muchas personas más, tuvimos desconocimiento que en 1990 asesinaron a 3 candidatos a las elecciones, porque Luis Carlos Galán, fue el único oficialmente rescatado y, sólo por él fuimos a manifestarnos. Pero no hicimos lo mismo con otras víctimas, como Jaramillo o Gómez y otros...

Quién así se expresaba era Claudia Girón que, como corresponde a su posición social, estudió en la Universidad Javeriana. Allí se licenció en Psicología Social y ella fue otra de las participantes del encuentro Dones i Conflicte a Colòmbia (Mujeres y Conflicto), celebrado en Barcelona del 17 al 19 de abril de 2008 en el marco de la Taula Catalana per la Pau i el Drets Humans a Colòmbia (Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos -DDHH).
Su mesa fue de las mas interactivas entre las ponentes y las personas del público asistente porque el tema es, en estos momentos, una de las claves del conflicto colombiano: Mujeres, Verdad, Justicia y Reparación. El impacto de la Ley de Justicia y Paz en las mujeres colombianas.

No hace falta decir, prosiguió Girón, que tenemos visiones sesgadas porque hasta lo hemos visto aquí en Barcelona con las representantes gubernamentales. La suya no, claro, la nuestra sí es sesgada. Por eso yo me dedico a romper paradigmas manifestó. Esos que se incrustan en el imaginario interno y colectivo y saltan automáticamente con frases como 'aquí las cosas se han hecho siempre así', o 'algo habrá hecho', cuando les suceda algo trágico y terrible a determinadas personas.

Pero no es así, manifestó con rotundidad esa psicóloga. Por eso, tras el asesinato de 6 mujeres, que sólo reclamaban sus derechos a una reparación integral, salimos a manifestarnos masivamente el 6 de marzo de 2008 para visibilizar a esas víctimas, negadas y estigmatizadas, y también para visibilizar una verdad incómoda para la sociedad colombiana, que sólo ahora está saliendo a la luz pública con las Sentencias de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).
Por eso prosiguió Girón, ahora estamos aquí para hablar. De la cantidad de fosas comunes diseminadas que se están encontrando en el departamento del Putumayo, cuya exhumación se hace imposible por la custodia de los paramilitares. Están desapareciendo los restos para eliminar pruebas que les comprometen en esos crímenes. O para hablar de la legitimación que supone para los paramilitares precisamente esa Ley de Justicia y Paz (975/2005).

Claudia Girón pertenece al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), una convergencia plural de unos 200 grupos de víctimas afectadas por el Estado, como Luis Camilo Osorio, o procuradores, fiscales y otros sectores NO de izquierda, insistió. No son del grupo de los que 'algo andarían buscando' como acostumbra a pensarse, afirmó. Según esta activista, la función de la Psicología Social es precisamente la representación social de la historia y, por ello, hay que romper esos paradigmas. La Justicia y la Reparación es para todos los sectores y por ahí debemos avanzar. Y la Verdad Histórica -subrayó- sólo es la Verdad Judicial.

La verdad es una relación entre la historia personal y la colectiva

¿Por qué, se preguntaba Girón, es tan difícil en Colombia hablar de DDHH sin pensar que son Izquierdos Humanos? Para que haya Justicia tiene que haber Verdad y para que haya Reparación tiene que existir Verdad y Justicia. Y la Verdad, prosiguió esta psicóloga social, es una relación entre la historia particular (un problema personal) con la historia colectiva (un problema del país). Siempre hay que relacionarlo, resaltó. Las víctimas no pueden pasar página porque eso no es Paz. Y la Justicia no puede ser venganza, afirmó, porque detrás de la Justicia y la Reparación debe haber un proyecto de sociedad nuevo, o una propuesta de país distinto.

Hay que ser solidarios en el conflicto, como se es con los desastres naturales, continuaba. Hay que crear más consensos. Hasta ahora, sólo ha conseguido consenso el secuestro. Y lo ha logrado, según su argumentación, porque los medios de comunicación lo visibilizan de manera permanente, en la medida que quienes cometen ese repudiable crimen -que equipara a los seres humanos con mercancías intercambiables- son los enemigos del Estado colombiano: es decir, las guerrillas (sobretodo de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Para Claudia Girón no existe sin embargo, un consenso social que repudie con igual contundencia los crímenes atroces cometidos por agentes del Estado y los grupos paramilitares. Y ello es así, siguiendo sus palabras, por las siguientes razones: existen diversos mecanismos de olvido e impunidad que no permiten que las verdades No oficiales circulen por los medios masivos de comunicación; a su vez, los medios, no visibilizan los crímenes que cometen agentes estatales o paraestatales; y, en caso de que se conozcan estos crímenes, muchos de los poderes institucionales no los repudian e incluso intentan justificarlos o legitimarlos para ocultar la verdad sobre la gravedad de estos crímenes.

De esa controvertida Ley de Justicia y Paz, que dio paso a la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y de su funcionamiento y efectividad, habló después Patricia Buriticá. Ella es la directora de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), integrada por 299 organizaciones sociales de 60 municipios y 23 departamentos (de los 32 que integran el país, según la Constitución de 1991).
La IMP es una de las 5 entidades que representan a la Sociedad Civil colombiana en la Comisión. Los otros 4 comisionados del sector social y civil son los delegados de la Iglesia, de los empresarios, de los académicos y de otro grupo social por la Paz y los DDHH (Redepaz). El gobierno tiene 4 comisionados, las organizaciones de Víctimas 2 y la Procuraduría y Defensoría es la encargada de actuar como organismo garante y de control del Estado. El gubernamental Eduardo Pizarro es quién preside esa Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Buriticá fue muy crítica, con la Ley de Justicia y Paz porque, afirmó, no contó con los necesarios consensos de la sociedad civil: las víctimas, las organizaciones de Derechos Humanos y los partidos, por lo que siempre se está planteando el debate sobre su legitimidad y eficacia para combatir, de veras, la impunidad.
Pese a ello, esa licenciada en matemáticas, afirmó que la IMP incidió en el debate legislativo de esa Ley y consiguieron introducir algún artículo favorable a las mujeres, sobretodo en cuanto a la protección y asistencia a las víctimas (A.36, 38, 39, 41 y 50).
Esa Alianza de mujeres tiene su origen precisamente en la aplicación de la Resolución 1325/2000 de la ONU (participación de las mujeres en todas las fases de resolución de un conflicto) según explicó Buriticá, y eso les da a ellas legitimidad para trabajar por la consecución de la Paz en Colombia.

Desde 2005 el gobierno no reconoce que haya conflicto, ni paramilitares

En cuanto al funcionamiento de la CNRR, Buriticá lamentaba que la sociedad civil ha perdido capacidad para hacer contrapesos al interior de la Comisión. Su composición tampoco facilita su independencia y autonomía pero sobretodo, indicó, porque el presidente Álvaro Uribe la asume como institucional. La permanencia del conflicto también dificulta la búsqueda de posibles acuerdos, en especial, porque el gobierno no reconoce que haya conflicto, ni paramilitares desde la aprobación de la ley en 2005. Por tanto, prosiguió, el Estado no asume ninguna responsabilidad en la violación de los derechos de las víctimas.

La realidad, en cambio, es 'berraca' y tiene otros datos: hay 207 grupos de narco-paramilitares (rearmados, disidentes o nuevos); han aumentado los delitos de la fuerza pública contra los activistas de DDHH (950 ejecuciones extrajudiciales desde 2004) y tambien se han multiplicado las amenazas contra las organizaciones sociales y de mujeres. La existencia de la 'parapolítica' con más de 60 congresistas investigados y la mitad en la cárcel, polariza el debate público y, por tanto, no hay escenario para hablar.

En dos años y medio de aplicación de la Ley - se señalaba en el 'paper' escrito de su ponencia- ha crecido la demanda y visibilidad de las víctimas y, por consiguiente, el aumento de problemas a su seguridad personal, porque se han revisado 217.498 procesos de hechos ocurridos en zonas de influencia paramilitar con 128.00 delitos y 99.234 personas registrados. Pero NO se han hecho confesiones sobre los procesos, ni ha habido entrega de bienes, ni existe la primera audiencia de imputación ni de reparación.

Algunas intervenciones del público asistente, preguntaron en el debate para qué servía entonces la CNRR. Alguna persona incluso testimonió algunos métodos de asesinato en algunas de las masacres realizadas por los paramilitares, que estremecieron hasta a las paredes. La 'morna' -explicaron- es un gran martillo con el que golpearon hasta la muerte a los campesinos en Chengue (Departamento del Sucre); en otros casos y, desde hace años, recordaron que utilizan sierras eléctricas con las que rajan por la mitad o por pedazos a las víctimas y en vivo. Tras mutilarlas y descuartizarlas las tiran al mar o a las 'caimaneras' (los rios donde hay cocodrilos).
(Estos crímenes terroríficos ya fueron denunciados en 2004 en Barcelona por el abogado Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas. En aquel entonces los juristas luchaban por frenar esa Ley o cambiar, por lo menos, algunos enunciados. Y sobretodo, para poder aumentar las penas a los paramilitares, que sólo se cifraban en 10 años y 'perdonables' con leyes posteriores, -de ahí la necesidad de la reelección de Uribe para permitirlo-, cuando para los delitos comunes acababan de aumentarse las penas a 60 años de cárcel).

La documentación recogida por la Alianza de las mujeres de la IMP cuantifica que, en 99.260 de los casos denunciados, el 83% son contra hombres (70% homicidios y 13% desaparición forzada). Respecto al perfil de las víctimas sobrevivientes, la comisionada y directora de la IMP coincidió con la información facilitada por la abogada de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Patricia Linares (ver artículo primero de esta serie sobre la violencia específica contra las mujeres).

La IMP señala que las sobrevivientes (78% mujeres, 81% sólo con escolaridad mínima) denuncian el asesinato de sus compañeros sentimentales pero ignoran lo que les ha ocurrido a ellas mismas y no lo denuncian por limitantes culturales, ('normalización' de la violencia) u obstáculos institucionales (no se las intruye lo suficiente y los funcionarios las discriminan).
Esas mujeres tampoco reconocen tener una relación de propiedad directa con la tierra, porque los patrones de relaciones entre hombre y mujeres -lo que denominamos machismo o patriarcado- hace que ellas no reclamen los títulos de propiedad porque consideran que 'el hombre es el representante del hogar' o, simplemente, porque creen que 'no tienen derecho' por falta de partida matrimonial.

De ahí que, si se cruzan los datos, surge alguna de las explicaciones sobre la existencia de más de 4 millones de hectáreas en manos de narcotraficantes y paramilitares, por desapariciones forzadas y violencias varias, según manifestó en otra de las sesiones Leonora Castaño, dirigente exiliada de la ANMUCIC (Asociación de Mujeres campesinas, indígenas y negras) quién resaltó también que, después de 40 años de latifundio, se ha operado una reconcentración terrateniente de las tierras cultivables desde un 80% hasta un 87%.

Construir la Paz incluso desde las diferentes perspectivas

Pese a las críticas a la composición de los actores de la CNRR y su efectividad, Buriticá considera importante trabajar con las diferentes posturas desde dentro de la Comisión para poder construir la paz, aunque sea desde esas diferentes perspectivas.
Y, dentro de las acciones positivas que su organización ha podido empujar desde su interior, citó la creación del Área de Género y de Poblaciones Específicas (etnias, menores, mayores, discapacitados); la inclusión de los estándares internacionales en delitos contra las mujeres; la capacitación a fiscales y a magistrados de los tribunales de Justicia y Paz y la elaboración de Protocolos y Manuales para los operadores de justicia y para las instituciones que atienden a las víctimas.

Para Patricia Buriticá la estrategia de futuro de la IMP debería incidir de manera especial en crear una importante cohesión social alrededor de los derechos de las mujeres víctimas; conseguir la asunción y denuncia por parte de las propias implicadas; la reparación integral de los delitos de violencia sexual y de género y, sobretodo, impulsar como política pública un auténtico Plan Nacional de Reparaciones.

La Procuradora Linares quién manifestó estar recogiendo Testimonios filmados de las mujeres sobre lo que les está pasando en los distintos departamentos, explicó, a su vez, qué le ocurrió a ella en la primera sesión en la que asistió a la Comisión con Eduardo Pizarro. 'Yo llegué con mucha ingenuidad y con tres posturas que generaron un auténtico rechazo' - manifestó- afirmé que la CNRR no significaba que la Ley fuera orientada a las víctimas; recordé que en 2004 el Procurador se dirigió al Congreso para solicitar que no fuéramos incluídos dentro de la Comisión y finalmente, manifesté que yo misma creía que era mejor realizar esa tarea de control desde fuera.
Pero como no fue así, continuó Linares, desde dentro de la Comision, la Procuraduría debe realizar un doble papel: de orientación y de vigilancia, para que se cumplan todas las tareas. Por tanto, yo siento, que 'mi tarea es esquizofrénica' porque debo velar por el cumplimiento de la Constitución y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y garantizar todos los Derechos. Y precisamente por esta tarea de vigilancia, lamentó, se nos han puesto cuestionamientos.

Su testimonio personal fue motivo de un amplio agradecimiento por parte de diferentes participantes, de la mesa y del público. Una de ellas asumió que, casi siempre, se sitúa a las instituciones de parte de los victimarios. Cuando parte de la crisis que tenemos, resumió otra de las voces, es precisamente, por la conformación de la propia Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.


Artículos y links anteriores

(mayo 08) Colombia en Barcelona (2):
Seguimos trabajando. Si no nos dejan dentro, lo haremos fuera
http://clarianacomunicacion.blogspot.com/2008/05/colombia-en-barcelona-2-seguimos.html

(abril 08) Colombia en Barcelona (1):
Las mujeres demandan una Comisión Ética Interncional y presión exterior para el Acuerdo Humanitario
http://clarianacomunicacion.blogspot.com/2008/04/colombia-en-barcelona-las-mujeres.html