Por Julia Vicuña Yacarine
Para agencia SEMlac
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Lima, jun (SEMlac).- Embarazos no deseados y forzados, abortos clandestinos e inseguros que originan enfermedad y muerte de mujeres, restricciones y hasta prohibición para acceder a métodos anticonceptivos, persecución y crímenes de odio a quienes tienen una orientación distinta de la heterosexual, son algunas de las vulneraciones a los derechos humanos de la población de América Latina y el Caribe.
Ante esta realidad, feministas de la región demandaron a los representantes de la sociedad civil de las Américas y de las delegaciones de los países participantes en la 40 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.
La Asamblea General se realizó en la capital peruana los días 7 y 8 de junio.
La delegada brasileña Karen Borges Queiroz, feminista del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, informó que desde hace una década, en nueve países del continente, organizaciones de mujeres, feministas, indígenas, de derechos humanos y diversidad sexual vienen impulsando la Campaña Regional por este tratado internacional.
Cecilia Olea, coordinadora regional colegiada de la Campaña Regional por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, y Rocío Muñoz, vocera del punto focal peruano, sostuvieron un diálogo informal con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
En el encuentro le propusieron la necesidad de que la Asamblea General inicie el debate urgente sobre la importancia de contar con este tratado internacional que permita el reconocimiento, ejercicio y exigencia de estos derechos.
Las representantes de la Campaña, tomando como referencia el tema central de la 40 Asamblea General de la OEA: paz, seguridad y cooperación, le explicaron al secretario general la urgencia de la Convención porque "justamente la paz no puede ser construida con la opresión de los pueblos ni de los cuerpos de ciudadanos y ciudadanas de la región, que hoy ven vulnerado su derecho a elegir y decidir en libertad", tal como afirmó Olea.
Ella señaló la debilidad de los Estados para asegurar la vigencia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, "los más resistidos en la región", lo cual menoscaba la ciudadanía de los pueblos, situación que se agrava en poblaciones afrodescendientes, indígenas andinas y amazónicas, y pobres.
"Es importante contar con un instrumento de derechos humanos específico en estas dimensiones, que obligue a los estados a su promoción y vigencia, así como a dar cuenta ante la comunidad nacional e internacional de su cumplimiento porque contribuiría a cambiar el panorama", precisó.
Por su parte, Insulza señaló que "la pobreza y la desigualdad tienen color y género en nuestra región, es una realidad que no podemos negar, por eso vinculamos discriminación y derechos humanos porque una forma de enfrentar la pobreza es luchando contra la discriminación".
Reconoció, sin embargo, que la OEA se ha movido más rápido en algunas situaciones de discriminación que en otras, como --por ejemplo-- en el desplazamiento, que configura un drama para la región, según anotó.
