Por Sara Lovera
Palabra de Antígona
8 de febrero de 2010
El asesinato de 16 jóvenes en Ciudad Juárez convoca a una revisión de la política anticrimen que dice ejercer el gobierno en funciones. Obliga a repensar y a discutir; a escuchar a la población, que en ese rincón de México junto a la frontera esta desesperada. Sería bueno que se empezara por reconocer que hasta ahora hay demasiada sangre regada en el país.
Aquí escuché a la diputada al congreso de la Unión Europea, Herta Daubler-Gmelin, explicando que Raúl Romeva hizo un escrupuloso informe sobre el feminicidio; que tiene un expediente enorme de los abusos en Ciudad Juárez y que es necesario pedir a la Unión Europea, en sus acuerdos con México, que exija el respeto a los derechos fundamentales.
Vi a los agotados defensores y representantes de los conflictos, a Dolores González, directora de SERAPAZ, hacer sus mejores esfuerzos para explicar la desigualdad en México y el coraje de las y los indígenas por salir adelante. Vi cómo Yesica Sánchez se contenía para no romper en llanto cada vez que sacaba su lista de asesinadas en Oaxaca y quería hacerse escuchar por el auditorio sobre el significado de los cambios constitucionales que buscan terminar con el derecho al aborto legal.
A pesar de un discurso que conducía a la desazón nadie pedía tirar al gobierno mexicano, derrumbarlo, desconocerlo. Porque en estos días, en este examen de México en Berlín, es claro que hay criminalización de la protesta de Campeche a Ciudad Juárez, de Guerrero a Veracruz, de la montaña a la planicie y mientras Ignacio del Valle deberá cumplir una sentencia de 112 años todavía no se castiga a ningún policía por los abusos a las 34 mujeres en Atenco; lo grave que ni hay presos o perseguidos por los crímenes de 36 más en Oaxaca, ni se sabe si algún día se encontrará a los militares que abusaron en 1994 de tres jóvenes tzeltales, ahí en Altamirano Chiapas.
Y desde las organizaciones en Guerrero se espera que la Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos resuelva sobre Inès y Valentina, abusadas por el ejèrcito desde 2001.
Es claro que no es pareja la ley ni lo que llaman sistema de justicia. Y la violencia, dicen, tiene que ver con el narcotráfico, por eso argumentan que no saben distinguir. Por eso Felipe Calderón consideró que los jovencitos de la colonia Salvalcár, que celebraban un cumpleaños, eran una pandilla relacionada con el narcotráfico. Habría que diagnosticar a este individuo esquizofrenia, seria y dura o sea incapacidad para percibir la realidad y falta de coordinación ejecutiva.
Calderón está en la mira. La Coordinadota Alemana por los Derechos Humanos en México con el apoyo de la Fundación Heirnrich Boll han tomado nota, vio películas, informes, ha contrastado éstos con los que llevó Rupert Knox de Amnistía Internacional, ubicado en Londres; escuchó a periodistas sobre cómo se persigue y se mantienen los monopolios televisivos, en fin que la reputación del que vive como presidente en la casa de Los Pinos en México ya no engaña a nadie.
En estos días veremos que la terrible matanza cotidiana en Ciudad Juárez, la persecución a los defensores de Derechos Humanos y los ojos internacionales que no se van a apartar permiten que el problema vaya amainando. No es soportable por más tiempo.
Y un consejo a las y los políticos sería muy conveniente quitar el negocio de las drogas, legalizarlas; ir a pedir cuentas del lavado de dinero a los bancos, no a los pobres; levantar un acuerdo internacional de la prohibición de la venta de armas. Una campaña internacional que quitara esos negocios es lo único que puede salvarnos, porque sin crimen el gobierno no podría justificar la persecución a la protesta social.
A ver cómo puede hablar en foros internacionales de respeto a los derechos principales, a los 16 que garantiza la Constitución, esos que coinciden con los de la ONU. Esos, como se sabe, que todavía están en el pacto social de 1917 y de los que se olvida Calderón y esa su pandilla, esa sí es una pandilla.
